Torturas por parte del Estado

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Torturas por parte del Estado

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¿A qué nos referimos con Torturas por parte del Estado?

La Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptada en 1948, consagra y promueve el respeto a dichos derechos, asegurando su reconocimiento y protección a nivel nacional e internacional. A partir de la declaración, se crea el Sistema Universal de Derechos Humanos, que supone la obligación de los Estados y sus agentes de respetarlos y promoverlos en su actuar.

Los derechos humanos representan un conjunto de garantías que tienen validez universal, es decir, son exigibles en cualquier país del mundo, y se derivan de la dignidad que le corresponde a cada persona por el solo hecho de serlo, transformándola en titular de derechos humanos.

Si un agente del Estado inflinje torturas a un civil, generándole dolor o sufrimiento grave, ya sea físico, sexual o psíquico, con el fin de obtener de él o de un tercero información, declaración o confesión, para castigar a una persona por un acto que se le acuse haber cometido o por discriminación; existe una violación de derechos humanos, en tanto se genera una vulneración a la integridad física y/o psíquica de una persona.

En dichos casos, el afectado o personas en su representación, pueden perseguir la responsabilidad penal de los involucrados en el delito, así como también que se le entregue una indemnización por los daños sufridos.